FUNDAMENTOS PARA INCORPORAR LA SANCIÓN ADMINISTRATIVA POR INHABILITACIÓN PARA EJERCER FUNCIÓN PÚBLICA Y VACANCIA AL CARGO DE ALCALDE.

Abstract

Los constantes actos de corrupción cometidos por autoridades electas y funcionarios en el ejercicio de la función pública no son ajenos a los gobiernos locales conformados por las municipalidades, como es el caso específico de la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres de la provincia y departamento de Lima, que a la fecha tiene como autoridad en el cargo de alcalde por el periodo 2019 – 2022; a un ex funcionario del Gobierno Regional de Loreto, que tiene sanción por inhabilitación para ejercer función pública al haber incurrido en infracción muy grave al participar de la exoneración del proceso de selección para la adquisición de maquinaria pesada, incumpliendo las disposiciones establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento vigente a la fecha de practicado el examen especial a la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas – Yurimaguas, Loreto. De lo cual, el Órgano Sancionador de la Contraloría General de la República determina la sanción de inhabilitación para ejercer función pública por dos (02) años a dicha persona, sin embargo, se presentó a las elecciones electorales municipales en el año 2018, postulando al cargo de alcalde y fue proclamado como actual alcalde electo del Distrito de San Martín de Porres, de la provincia y departamento de Lima, para el periodo 2019 – 2022, mediante Resolución 3591-2018-JNE del 21 de diciembre de 2018. Asimismo, dicha persona, presenta recurso administrativo de apelación, por el cual el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativa de la Contraloría, resuelve en su “Artículo Quinto: Declarar infundado en todos sus extremos los recursos de apelación, contra la Resolución N° 003-606-2017-CG/SAN, emitida por el Órgano Sancionador de la Contraloría General de la República y, en consecuencia, confirma, la Resolución 4 apelada que impuso a los administrados, la sanción de Dos (2) años de inhabilitación para el ejercicio de la función pública” emitiendo la Resolución N° 117-2017-CG/TSRA- PRIMERA SALA de fecha 19 de setiembre de 2017. Nuestra propuesta es que, bajo los fundamentos jurídicos, fácticos y axiológicos la sanción que inhabilita para el ejercicio de la función pública, debe ser dotada de carácter vinculante y dispuesta a no ser revisada ni judicializada, para incorporarla como causal de vacancia en la Ley Orgánica de Municipalidades. El método a seguir en el presente estudio de investigación, es de tipo transversal y de diseño no experimental, porque estudia y analiza hechos de la realidad, y en este caso se busca garantizar la moral, los valores y ética, relacionada al derecho, en el ejercicio de la política de una autoridad municipal.

Los constantes actos de corrupción cometidos por autoridades electas y funcionarios en el ejercicio de la función pública no son ajenos a los gobiernos locales conformados por las municipalidades, como es el caso específico de la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres de la provincia y departamento de Lima, que a la fecha tiene como autoridad en el cargo de alcalde por el periodo 2019 – 2022; a un ex funcionario del Gobierno Regional de Loreto, que tiene sanción por inhabilitación para ejercer función pública al haber incurrido en infracción muy grave al participar de la exoneración del proceso de selección para la adquisición de maquinaria pesada, incumpliendo las disposiciones establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento vigente a la fecha de practicado el examen especial a la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas – Yurimaguas, Loreto. De lo cual, el Órgano Sancionador de la Contraloría General de la República determina la sanción de inhabilitación para ejercer función pública por dos (02) años a dicha persona, sin embargo, se presentó a las elecciones electorales municipales en el año 2018, postulando al cargo de alcalde y fue proclamado como actual alcalde electo del Distrito de San Martín de Porres, de la provincia y departamento de Lima, para el periodo 2019 – 2022, mediante Resolución 3591-2018-JNE del 21 de diciembre de 2018. Asimismo, dicha persona, presenta recurso administrativo de apelación, por el cual el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativa de la Contraloría, resuelve en su “Artículo Quinto: Declarar infundado en todos sus extremos los recursos de apelación, contra la Resolución N° 003-606-2017-CG/SAN, emitida por el Órgano Sancionador de la Contraloría General de la República y, en consecuencia, confirma, la Resolución 4 apelada que impuso a los administrados, la sanción de Dos (2) años de inhabilitación para el ejercicio de la función pública” emitiendo la Resolución N° 117-2017-CG/TSRA- PRIMERA SALA de fecha 19 de setiembre de 2017. Nuestra propuesta es que, bajo los fundamentos jurídicos, fácticos y axiológicos la sanción que inhabilita para el ejercicio de la función pública, debe ser dotada de carácter vinculante y dispuesta a no ser revisada ni judicializada, para incorporarla como causal de vacancia en la Ley Orgánica de Municipalidades. El método a seguir en el presente estudio de investigación, es de tipo transversal y de diseño no experimental, porque estudia y analiza hechos de la realidad, y en este caso se busca garantizar la moral, los valores y ética, relacionada al derecho, en el ejercicio de la política de una autoridad municipal.