Según los informes estadísticos del Instituto Nacional Penitenciario, a diciembre de 2019 se encontraban recluidos en los centros carcelarios a nivel nacional 2,821 internos sentenciados a pena privativa de libertad efectiva por el delito de Omisión de Asistencia Familiar, situación que imposibilita a personas que conforman la población económicamente activa (PEA) tengan la posibilidad de trabajar y de asumir sus obligaciones económicas y paternales de asistir con alimentos a sus hijos, por estar encarcelados incrementado la sobrepoblación penal y el hacinamiento. Frente a esta problemática se debe privilegiar el interés superior del niño, por lo que es necesario proponer una norma legal estableciendo un plazo de hasta seis meses a fin de que durante el mismo, el sentenciado pague la deuda establecida en la sentencia de pena privativa de libertad suspendida.
Según los informes estadísticos del Instituto Nacional Penitenciario, a diciembre de 2019 se encontraban recluidos en los centros carcelarios a nivel nacional 2,821 internos sentenciados a pena privativa de libertad efectiva por el delito de Omisión de Asistencia Familiar, situación que imposibilita a personas que conforman la población económicamente activa (PEA) tengan la posibilidad de trabajar y de asumir sus obligaciones económicas y paternales de asistir con alimentos a sus hijos, por estar encarcelados incrementado la sobrepoblación penal y el hacinamiento. Frente a esta problemática se debe privilegiar el interés superior del niño, por lo que es necesario proponer una norma legal estableciendo un plazo de hasta seis meses a fin de que durante el mismo, el sentenciado pague la deuda establecida en la sentencia de pena privativa de libertad suspendida.
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