La presente investigación tiene como objetivo estudiar el Derecho Informático y las medidas de protección informática que ayudan a prevenir la comisión del Delito de Suplantación de Identidad Cibernética, en la ciudad de Trujillo durante el año 2020. Se analiza como corresponde, la Ley N° 30096 – Ley de Delitos Informáticos, a fin de determinar si esta ha cumplido la finalidad preventiva que le asigna el artículo 1° de su propio texto al declarar “La presente Ley tiene por objeto prevenir y sancionar las conductas ilícitas que afectan los sistemas y datos informáticos y otros bienes jurídicos de relevancia penal, cometidos mediante la utilización de tecnologías de la información o de la comunicación, con la finalidad de garantizar la lucha eficaz contra la ciberdelincuencia”. Si bien la aludida norma prevé diferentes mecanismos de participación y colaboración interinstitucional que propenden asegurar el tratamiento del delito informático (agente encubierto, coordinación interinstitucional, cooperación operativa, entre otros), la presente investigación enfatiza el análisis respecto de las Medidas de Seguridad que la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informático (ONGEI) en coordinación con instituciones del sector público y otras del sector privado, han creado y puesto al alcance de la población, con la finalidad de limitar el actuar delictivo de quienes se predisponen a afectar con su actuar, los datos personales sensibles y la integridad de los sistemas informáticos que las contienen.
La presente investigación tiene como objetivo estudiar el Derecho Informático y las medidas de protección informática que ayudan a prevenir la comisión del Delito de Suplantación de Identidad Cibernética, en la ciudad de Trujillo durante el año 2020. Se analiza como corresponde, la Ley N° 30096 – Ley de Delitos Informáticos, a fin de determinar si esta ha cumplido la finalidad preventiva que le asigna el artículo 1° de su propio texto al declarar “La presente Ley tiene por objeto prevenir y sancionar las conductas ilícitas que afectan los sistemas y datos informáticos y otros bienes jurídicos de relevancia penal, cometidos mediante la utilización de tecnologías de la información o de la comunicación, con la finalidad de garantizar la lucha eficaz contra la ciberdelincuencia”. Si bien la aludida norma prevé diferentes mecanismos de participación y colaboración interinstitucional que propenden asegurar el tratamiento del delito informático (agente encubierto, coordinación interinstitucional, cooperación operativa, entre otros), la presente investigación enfatiza el análisis respecto de las Medidas de Seguridad que la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informático (ONGEI) en coordinación con instituciones del sector público y otras del sector privado, han creado y puesto al alcance de la población, con la finalidad de limitar el actuar delictivo de quienes se predisponen a afectar con su actuar, los datos personales sensibles y la integridad de los sistemas informáticos que las contienen.
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